Un años después, los ecologistas, entre ellos el secretario general, Ruben Vives, y la responsable nacional de Costas, Natalia Martín, han visto sus cuentas embargadas. Aunque inicialmente la Autoridad Portuaria pedía una sanción de 430.000 euros, esta se vio reducida a 8.000 euros, por lo que a cada uno de los que participaron en la protesta le han embargado de su cuenta bancaria unos 1.200 euros, incluidos los intereses de demora.
Según ha manifestado Natalia Martín, en la actualidad hay un contencioso administrativo para que se aclares esta situación, ya que la "Autoridad Portuaria ha mentido en todo momento. Nos acusan de cosas que no son reales, como que bloqueamos totalmente el acceso al edificio y actuamos con violencia, cuando fue un acto pacífico".
Ahora esperan ganar el juicio y recuperar el dinero, porque los treinta minutos de acción reivindicativa les ha salido muy caros. "Es totalmente desproporcionado y con acusaciones falsas", lamenta Natalia.
Desde Ecologistas se han dirigido al ministerio de Fomento, para informar de la situación de El Gorguel, pero hasta el momento no han recibido respuestas. También mantuvieron una entrevista con el Delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, que no se ha pronunciado sobre el caso, todavía.
Ecologistas en Acción ha pedido al gobierno de la Nación la destitución del máximo responsable de la Autoridad Portuaria, Adrián Ángel Viudes, "por incompetente en la mayoría de los asuntos que viene gestionando".
Mientras, las denuncias de los trabajadores del Puerto de Cartagena se acumulan. Según fuentes sindicales, el puerto de Cartagena es el único en todo el territorio español que tiene una sentencia por vulneración de derechos fundamentales y libertad sindical. Además, es el único que tiene una sentencia por no aplicar la polivalencia e "incumple las leyes de estiba, acuerdos marcos, convenios colectivos y todos los pactos firmados".
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