Si hay algo peor que no tener dinero para llegar a fin de mes lo es, seguro, la amenaza de quedarse sin techo porque la vivienda va a ser subastada por impago de los plazos de la hipoteca. En situación tan dramática se encuentran en torno a 1.600 familias del municipio -y más de 5.000 si el cómputo se extiende al total de la Región-, buena parte de ellas entre la población inmigrante.
Hace diez años, con el mercado inmobiliario en su mejor momento, y un nivel de empleo muy por encima del actual, los bancos no tenían problemas para ofrecer hipotecas a largo plazo a personas que apenas superaban los 1.000 euros de salario y que ni siquiera tenían un trabajo fijo. Pero llegó la crisis, se acabó el trabajo en la construcción, en el campo, en los almacenes agrícolas... y el cambio de rumbo ha cogido con el paso cambiado a miles de familias, en torno a 200.000 en todo el país, 5.000 en la Región y 1.600 en el municipio de Murcia.
Hace unos meses se creó en El Palmar la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca, que también existe en Molina de Segura, siguiendo la estela de la primera plataforma que se constituyó en Cataluña. En la actualidad cuenta con medio centenar de miembros, pero quizá porque muchos de los afectados no saben de su existencia. De ahí que quieran darse a conocer. Ofrecen su página web www.afectadospor lahipoteca.com
El objetivo de esta plataforma es poner freno a los desalojos por falta de ingresos derivados del contexto de crisis económica actual. La plataforma recuerda que al desahuciar a estas familias se vulnera la legalidad y cita, entre otros, el artículo 47 de la Constitución Española que dice literalmente que «todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...»
La portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes (IU-LV), Esther Herguedas, se ha hecho eco de este problema y va a presentar al Pleno de mañana una moción en la que pide que el Ayuntamiento, junto a la Comunidad Autónoma, elabore un convenio para crear oficinas específicas para ofrecer asesoramiento jurídico a los afectados sobre las condiciones de sus hipotecas y, a la vez, hagan de mediadores con las entidades bancarias para buscar soluciones a los problemas concretos de los afectados.
Según Herguedas, la mayor parte de los 1.600 afectados en el municipio «suscribieron préstamos con entidades bancarias en condiciones contractuales abusivas, llegando a tener que pagar una mensualidad por la hipoteca de 800 euros cuando se encontraban en situación laboral de riesgo y cobraban unos mil euros al mes».
Dación en pago
La edil denuncia también la «mala regulación del sistema bancario español, que obliga a mantener la deuda con el banco a los hipotecados tras haber sido desahuciados» y aboga por un sistema similar al de Estados Unidos donde sí valga la dación en pago, a la vez que reclama la rebaja de la tasación de las viviendas, que es la causa de que los embargos no sirvan para suplir la deuda con la entidad financiera.
«Las personas hipotecadas -indica Herguedas- se han convertido en víctimas de un fraude hipotecario generalizado. Fueron los bancos los que facilitaron y otorgaron hipotecas en situación de riesgo, los que sobrevaloraron la tasación de la vivienda, inflando el precio y aumentando la deuda contraída».
Por otro lado, María Jesús Martín, colaboradora de la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca creada en la pedanía de El Palmar, ha puesto de relieve la inexistencia de ayudas para desahuciados y ha destacado que muchos de los afectados son inmigrantes sin familiares a los que acudir en estos casos. El ex eurodiputado Pedro Marsé, y también miembro de la plataforma, advierte de que «aunque hay muchos inmigrantes, nos llevaríamos sorpresas con el número de familias murcianas que no pueden pagar su hipoteca».
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