¿Por qué la Administración ha dado tantos rodeos para declarar el parking incompatible con la conservación del hallazgo? Los esfuerzos de Cultura fueron más por preservar los intereses de la empresa del parking que por salvaguardar una riqueza única, Patrimonio de la Humanidad, en el centro de Murcia.
Los hechos son que el arqueólogo Ángel Iniesta Sanmartín (representando a la dirección general de Bellas Artes y Bienes Culturales) firmó el pasado 19 de noviembre un informe sugiriendo el desmonte de una zona de 3000 m2, para luego volver a montarla encima del futuro parking.
Parece que la empresa Ligia Comunicaciones, que se ocupó en su día de trasladar unos restos que aparecieron en la construcción de la autovía de Cartagena, fue la elegida para comenzar el pasado miércoles, 9 de diciembre, la labor de 'destrucción camuflada de los restos'. Mejor esa empresa que otra foránea, por eso del 'murcianismo' de las 'pelas' y quizá sin licitación pública.
Y otra pregunta que me asalta, ¿por qué Ligia Comunicaciones ha organizado tantos eventos culturales en esta región durante años? Da mucho que pensar después de casos como Gürtel.
El colmo de las contradicciones políticas están a cargo del director de Bellas Artes y Bienes Culturales, Enrique Ujaldón, quien ha restado y minimizado importancia al yacimiento, contradiciendo el informe del propio técnico Ángel Iniesta y del prestigioso arqueólogo José Luzón en su visita a Murcia.
Y la muestra de soberbia para el consejero de Cultura y Turismo y familiar del presidente, Pedro Alberto Cruz, quien, en vez de oír a la Plataforma Ciudadana, prefiere insultar al movimiento ciudadano llamándolo esquizofrénico. ¡Vaya ejemplo de comunicación y concordia! ¡qué estilo de gestión tan moderno y democrático!
¿Por qué el afán proteccionista en el parking de La Generala? ¿Para prolongar la agonía de una empresa cuyo destino es la muerte? ¿Por qué Valcárcel, presidente de la Comunidad Autónoma, ha tardado tanto en decir NO a la Generala? Unos cuantos amigos del poder dejarán de ganar si ésta desaparece. Estarán ahora mismo los abogados tratando de salvar a la empresa después de la paralización de las obras. Y más teniendo en cuenta que tendrán que resolver el tema de adjudicación de las plazas de parking reservadas a principios del 2008. ¿Recuperarán los compradores su dinero, en caso de haber dado un adelanto? Yo ya estaría en las oficinas de la empresa el lunes mismo, o en el ayuntamiento, por si acaso. Quizá tengan que crear una Plataforma: Afectados por el parking de La Generala.
Si en el mes de agosto ya estaban asfixiados y con ganas de comenzar las obras para obtener créditos bancarios, no quiero imaginar en estos momentos su situación.
Han querido desmantelar 3000 m2, del siglo XIII, para dejar al descubierto el siglo XII, pero el mecanismo ha fallado, porque para levantar restos se requería de un anteproyecto que definiera los criterios técnicos y el proceso de la intervención en su conjunto; dicho anteproyecto debería ser informado y aprobado por la dirección general de Bellas Artes y Bienes Culturales, que emitiría la resolución correspondiente para el proyecto definitivo en referencia a los hallazgos y al parking.
No hacía ni un mes del informe de Iniesta y la Administración en tan solo diecinueve días tenía anteproyecto, proyecto, resolución y licitación: una máquina de eficiencia para cumplir la ley. Pero parece que el Seprona, la Fiscalía y el Juzgado no lo han constatado así, y por eso la Justicia ha paralizado el desmonte de manera cautelar para impedir un delito contra el patrimonio público.
¿Habrá coincidido la zona del desmantelamiento con lo que pone el proyecto? Este informe debe hacerse público, no sólo para que lo estudie la Unidad de Delitos Anticorrupción, sino también para enterarnos los propios ciudadanos.
Un gran despliegue ciudadano ha triunfado: 15.000 personas en Facebook, organizaciones como la Plataforma Ciudadana para la Defensa del Patrimonio Arqueológico de San Esteban, el Colegio de Arquitectos, el Foro Ciudadano, profesores de la Universidad, medios de comunicación regionales y nacionales, multitud de ideas e iniciativas.
¿Qué necesidad tenía el presidente de pasar por esto, cuando Murcia, con este descubrimiento, ya se ha colocado en el mapa de las ciudades con un gran porvenir cultural? Era deber primero de la Administración declarar una 'moratoria de oficio' para paralizar las obras; hubiera dado más tranquilidad que la medidas cautelares de un juzgado. Los responsables políticos han sido obligados por la presión popular a cambiar su obsesivo propósito de hacer posible el parking, dando muestras de una grave miopía respecto a los valores culturales del conjunto de San Esteban.
¿Qué coste político tendrá la inoperancia de la Administración para Valcárcel y su partido? Sabiendo quiénes son propietarios, parientes, socios y amigos de las empresas que trabajan con dinero público, podríamos llegar a conclusiones. Habrá un coste interno, relacionado con las luchas de poder dentro del PP, y uno externo, que tiene que ver con la asunción inevitable de responsabilidades por quienes han cometido graves errores políticos y tal vez incluso actos delictivos.
Los hechos son que el arqueólogo Ángel Iniesta Sanmartín (representando a la dirección general de Bellas Artes y Bienes Culturales) firmó el pasado 19 de noviembre un informe sugiriendo el desmonte de una zona de 3000 m2, para luego volver a montarla encima del futuro parking.
Parece que la empresa Ligia Comunicaciones, que se ocupó en su día de trasladar unos restos que aparecieron en la construcción de la autovía de Cartagena, fue la elegida para comenzar el pasado miércoles, 9 de diciembre, la labor de 'destrucción camuflada de los restos'. Mejor esa empresa que otra foránea, por eso del 'murcianismo' de las 'pelas' y quizá sin licitación pública.
Y otra pregunta que me asalta, ¿por qué Ligia Comunicaciones ha organizado tantos eventos culturales en esta región durante años? Da mucho que pensar después de casos como Gürtel.
El colmo de las contradicciones políticas están a cargo del director de Bellas Artes y Bienes Culturales, Enrique Ujaldón, quien ha restado y minimizado importancia al yacimiento, contradiciendo el informe del propio técnico Ángel Iniesta y del prestigioso arqueólogo José Luzón en su visita a Murcia.
Y la muestra de soberbia para el consejero de Cultura y Turismo y familiar del presidente, Pedro Alberto Cruz, quien, en vez de oír a la Plataforma Ciudadana, prefiere insultar al movimiento ciudadano llamándolo esquizofrénico. ¡Vaya ejemplo de comunicación y concordia! ¡qué estilo de gestión tan moderno y democrático!
¿Por qué el afán proteccionista en el parking de La Generala? ¿Para prolongar la agonía de una empresa cuyo destino es la muerte? ¿Por qué Valcárcel, presidente de la Comunidad Autónoma, ha tardado tanto en decir NO a la Generala? Unos cuantos amigos del poder dejarán de ganar si ésta desaparece. Estarán ahora mismo los abogados tratando de salvar a la empresa después de la paralización de las obras. Y más teniendo en cuenta que tendrán que resolver el tema de adjudicación de las plazas de parking reservadas a principios del 2008. ¿Recuperarán los compradores su dinero, en caso de haber dado un adelanto? Yo ya estaría en las oficinas de la empresa el lunes mismo, o en el ayuntamiento, por si acaso. Quizá tengan que crear una Plataforma: Afectados por el parking de La Generala.
Si en el mes de agosto ya estaban asfixiados y con ganas de comenzar las obras para obtener créditos bancarios, no quiero imaginar en estos momentos su situación.
Han querido desmantelar 3000 m2, del siglo XIII, para dejar al descubierto el siglo XII, pero el mecanismo ha fallado, porque para levantar restos se requería de un anteproyecto que definiera los criterios técnicos y el proceso de la intervención en su conjunto; dicho anteproyecto debería ser informado y aprobado por la dirección general de Bellas Artes y Bienes Culturales, que emitiría la resolución correspondiente para el proyecto definitivo en referencia a los hallazgos y al parking.
No hacía ni un mes del informe de Iniesta y la Administración en tan solo diecinueve días tenía anteproyecto, proyecto, resolución y licitación: una máquina de eficiencia para cumplir la ley. Pero parece que el Seprona, la Fiscalía y el Juzgado no lo han constatado así, y por eso la Justicia ha paralizado el desmonte de manera cautelar para impedir un delito contra el patrimonio público.
¿Habrá coincidido la zona del desmantelamiento con lo que pone el proyecto? Este informe debe hacerse público, no sólo para que lo estudie la Unidad de Delitos Anticorrupción, sino también para enterarnos los propios ciudadanos.
Un gran despliegue ciudadano ha triunfado: 15.000 personas en Facebook, organizaciones como la Plataforma Ciudadana para la Defensa del Patrimonio Arqueológico de San Esteban, el Colegio de Arquitectos, el Foro Ciudadano, profesores de la Universidad, medios de comunicación regionales y nacionales, multitud de ideas e iniciativas.
¿Qué necesidad tenía el presidente de pasar por esto, cuando Murcia, con este descubrimiento, ya se ha colocado en el mapa de las ciudades con un gran porvenir cultural? Era deber primero de la Administración declarar una 'moratoria de oficio' para paralizar las obras; hubiera dado más tranquilidad que la medidas cautelares de un juzgado. Los responsables políticos han sido obligados por la presión popular a cambiar su obsesivo propósito de hacer posible el parking, dando muestras de una grave miopía respecto a los valores culturales del conjunto de San Esteban.
¿Qué coste político tendrá la inoperancia de la Administración para Valcárcel y su partido? Sabiendo quiénes son propietarios, parientes, socios y amigos de las empresas que trabajan con dinero público, podríamos llegar a conclusiones. Habrá un coste interno, relacionado con las luchas de poder dentro del PP, y uno externo, que tiene que ver con la asunción inevitable de responsabilidades por quienes han cometido graves errores políticos y tal vez incluso actos delictivos.
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