MURCIA ES "NOT TYPICAL". LA MITAD DE LOS MUNICIPIOS GOBERNADOS POR EL PP EN MURCIA, BAJO SOSPECHA EN LOS TRIBUNALES

- 11 alcaldes están imputados
- Tres alcaldes ya han estado en la prisión de Sangonera
- Un cura de Totana daba misas en la puerta de prisión por su alcalde
- La primera teniente de alcalde de Archena se hizo pasar por funcionaria para tener las prestaciones de ASISA


(El alcalde de Librilla, en el momento de su detención)

En el mapa de la corrupción de España, Murcia se lleva la palma. Actualmente hay al menos 11 alcaldes imputados por diversos delitos urbanísticos. Todos ellos conservan el cargo. Desde noviembre de 2007 hasta ahora, tres regidores elegidos en las listas del PP han sido detenidos: el de Totana, el de Torre Pacheco y el de Librilla. (Lea en este artículo todo el MAPA DE LA CORRUPCIÓN en Murcia).

El asunto más relevante hasta la fecha lo constituye el llamado caso de La Zerrichera, donde se investiga la recalificación de un espacio protegido en el municipio costero de Águilas.

Águilas: ‘caso Zerrichera’ y Hacienda El Hornillo
Águilas tiene abiertos dos frentes. Por una parte el caso “Zerrichera”, y por otro Hacienda El Hornillo. En el primero están imputados el alcalde, Juan Ramírez, el empresario Trinitario Casanova, directores generales, empresarios y también el ex consejero y ex delegado del Gobierno Francisco Marqués, quien fue detenido en Madrid y se encuentra en libertad sin fianza pero con cargos. A Marqués se le encontraron 50.000 euros en billetes de 500 en un trastero de una casa suya. Marqués sería también quien con sus declaraciones puso sobre aviso la presunta corrupción en Águilas, a través de la empresa Hacienda El Hornillo, quien entregó a Marqués, y a la consejera de Hacienda, Inmaculada García, pisos a un bajísimo coste. Los dueños de la empresa Hacienda El Hornillo también fueron detenidos y se encuentran en libertad sin fianza pero imputados por cohecho. Se trata del apoderado de la empresa José Cárceles, y el notario de Lorca y presidente de Hacienda El Hornillo Sebastían Fernández.

Totana: ‘operación Tótem’
En Totana, entre otros, fue detenido el alcalde José Martínez Andreo, quien tras pasar dos meses en prisión fue puesto en libertad provisional. Andreo continua al mando del consistorio y se deja ver con altos cargos del PP en Murcia. Junto a él también fue detenido, y en libertad bajo fianza de 200.000 euros, el anterior alcalde de Totana y diputado regional del PP Juan Morales. Hubo 18 detenciones para destapar una trama de corrupción, en donde el alcalde pedía importantes comisiones para recalificar terrenos. Durante la estancia del alcalde en la cárcel de Sangonera, un párroco del municipio ofreció misas por el político a la puerta de la prisión.

Alcantarilla
El fiscal ha pedido seis años de cárcel para el alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, por un presunto delito medioambiental de contaminación del río Segura a su paso por la ciudad. También está imputado el gerente de la empresa que gestiona el servicio de aguas de la localidad. Recientemente, IU acusó al alcalde y al consejero Bascuñana de gestionar una residencia de ancianos donde había habido abusos sexuales por parte de uno de los trabajadores contra un anciano.

Torre Pacheco
El alcalde de Torre Pacheco también estuvo en prisión, y se encuentra en la actualidad en libertad provisional. A pesar de su paso por la cárcel y las imputaciones sigue al frente del ayuntamiento. El arquitecto municipal también estuvo en prisión. Entre otros imputados se encuentran el empresario local Facundo Armero, uno de los fundadores de Polaris World, el secretario del ayuntamiento, el interventor y un ingeniero municipal. También el presidente de Polaris World, José Luis Hernández. Se les acusa de delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto.

Fuente Álamo.
La alcaldesa, María Antonia Conesa, estaba imputada por delitos similares a los de Torre Pacheco. Algunas de las presuntas actuaciones delictivas se cruzan entre los dos municipios vecinos. Se imputó a tres concejales y al arquitecto municipal.

Abanilla
Los juzgados de Cieza están investigando cuestiones vinculadas al PGOU y a determinadas personas que pudieron participar en la redacción del mismo, y diferentes trámites urbanísticos.

Archena
Existen varias denuncias contra el alcalde de Archena, Manuel Marcos Sánchez Cervantes, y la primera teniente de alcalde, Patricia Fernández. El PSOE denunció que en la urbanización de La Morra se estaban construyendo más viviendas de las programadas en principio, al mismo tiempo que se otorgó la cédula de habitabilidad sin que se hubiera terminado de urbanizar y sin que el ayuntamiento recepcionara la urbanización. Por otra parte, la edil del PP Patricia Hernández mintió para darse de alta como funcionaria en ASISA, recibiendo prestaciones de la compañía durante los últimos años. En su solicitud, declaró ser funcionaria, y el ayuntamiento le ha estado pagando la cuota de ASISA.

Cieza
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia presentó una querella en el Juzgado de instrucción número 1 de la localidad contra el alcalde, Antonio Tamayo, por un presunto delito de prevaricación continuada tras la contratación de dos trabajos de consultoría, durante el año 2006, que el Ayuntamiento habría adjudicado de manera verbal a una arquitecta por valor de unos 50.000 euros. Asimismo, estudia la aprobación de un convenio urbanístico en el que se recalifican 270 hectáreas de suelo rústico en los que se pretenden construir 5.000 nuevas viviendas. La oposición denunció este convenio porque de las 270 hectáreas, 230 son de una nuera del alcalde, Antonio Tamayo.

Villanueva del Río Segura
Actualmente se llevan diligencias en los juzgados de Cieza contra el alcalde, José Luis López Ayala, y la corporación municipal, por la construcción de la urbanización La Morra, en pleno corazón del Valle de Ricote. La urbanización no tiene autorización para agua de la Confederación Hidrográfica del Segura ni de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, además de ocupar parte de zona de dominio público hidráulico del río Segura.

Ulea
El alcalde firmó siete convenios urbanísticos, que convertirían a esta localidad de 900 habitantes en una ciudad de 65.000 personas, con campos de golf y hoteles. El alcalde José Bolarín, tiene varias denuncias en el juzgado, tanto relativas al plan urbano, como a la presunta manipulación del censo municipal. Se puso un sueldo de 4.150 euros mensuales más dos pagas extras y gastos de protocolo. Ulea es uno de los pueblos más pequeños y pobres de la Región de Murcia.

San Javier
El ex regidor popular de San Javier José Hernández está siendo investigado por su presunta relación con dos empresarios del municipio. Asimismo, ha sido denunciado hasta en dos ocasiones por los vecinos de dos edificios. Una de las denuncias fue archivada, aunque la Fiscalía ha recurrido el archivo de la misma. En San Javier, además, la Justicia investiga la tramitación de un puerto en La Manga, el caso Puerto Mayor. Se investiga también la tramitación de terrenos para la construcción de un hospital comarcal.

Murcia
En el municipio de Murcia hay al menos dos causas abiertas. La primera de ellas atañe al arquitecto municipal, Joaquín Peñalver, que permanece en excedencia. La Fiscalía le denunció por favorecer presuntamente a una empresa propiedad de su padre y de su hermano desde su puesto de funcionario. El Colegio de Arquitectos presentó un contencioso-administrativo contra la actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia.

Mula
La fiscalía investiga determinadas actuaciones urbanísticas vinculadas con determinados ex miembros de la corporación municipal pertenecientes al PP.

Puerto Lumbreras
Los juzgados de Lorca tienen abiertas diligencias en relación con actuaciones del alcalde en virtud de denuncias presentadas contra el mismo.

Cartagena
La Fiscalía investiga dos recalificaciones de fincas. La primera es en el paraje de Lo Poyo, que tuvo al presunto cerebro de la trama de Marbella Juan Antonio Roca como intermediario, y por el que la Kutxa y varios socios pagaron 300 millones de euros antes de recalificar. El propio Valcárcel paralizó el expediente al reconocer que no parecía normal. En Novo Carthago, la empresa investigada es Hansa Urbana, propiedad al 15% de la Caja del Mediterráneo.

Fortuna
Un juzgado de Cieza ha decidido imputar a diferentes cargos políticos y a sus familiares después de que la concejala del propio PP les acusara de haber comprado votos en las elecciones locales de este municipio, en 2003, con empleos municipales y con vales de comida.

Alguazas
La Fiscalía ha pedido un año de cárcel para el alcalde, José Antonio Fernández Lladó, acusado de un delito medioambiental y contra el patrimonio, al haber autorizado la construcción de un restaurante en una zona histórica donde está situada la torre medieval conocida como la torre de Los Moros. El restaurante, a 25 metros del edificio histórico, es una réplica de la torre.

Librilla
La policía detuvo al menos a diez personas relacionadas con un presunto delito de corrupción urbanística. El alcalde José Martínez, y su concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, ingresaron en prisión y posteriormente fueron puestos en libertad provisional. Los integrantes de la supuesta trama pudieron obtener 7 millones de euros.

La balsa Jenny
La Fiscalía Central Anticorrupción considera que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos en relación con la cesión gratuita de una balsa de acopio de estériles minerales contaminantes. Por este asunto ya fueron a declarar, en principio en calidad de testigos, a la Fiscalía Anticorrupción, miembros del Gobierno regional que preside el conservador Ramón Luis Valcárcel. El expediente se encuentra en paradero desconocido.