Marqués regresa a Comisaría cercado por nuevas pruebas que lo incriminan

La llamada de los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Financiera, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA), causó ayer cierta sorpresa por lo inusual de la misma. Lo habitual es que un imputado sea citado ante el juez instructor cuantas veces éste lo considere necesario, pero es menos usual que la Policía vuelva a tomarle declaración por segunda vez a un sospechoso, una vez que ya ha sido puesto a disposición judicial.

Fuentes próximas al caso explicaron, sin embargo, que en este asunto el magistrado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, y el fiscal superior, Manuel López Bernal, vienen trabajando de forma muy estrecha con los agentes anticorrupción, de ahí que les confiasen la nueva toma de declaración al ex alto cargo del Gobierno de Valcárcel.

Marqués acudió hacia las doce del mediodía a la Comisaría murciana, acompañado por su letrado, el catedrático de Derecho Penal Jaime Peris. Las fuentes citadas explicaron que el ex consejero de Medio Ambiente acudió «de forma voluntaria» a la cita con los policías, después de haber sido requerido por éstos, «aunque si no lo hubiera hecho habría tenido que acudir de manera obligada».

Registros provechosos

El objetivo de la citación era requerir a Marqués para que ofreciera aclaraciones sobre varios documentos que los agentes han intervenido en los últimos días, fruto de los registros realizados en viviendas y en la sede de la notaría del también imputado Sebastián Fernández Rabal, así como en el domicilio de su hombre de confianza en la promotora Hacienda del Hornillo S.L., José Cáceres.

Los policías están muy satisfechos con el resultado de esos registros, ya que les han permitido intervenir «documentación muy abundante, que habrá que ir procesando y que puede abrir nuevas vías de investigación», según señalan las mismas fuentes. Éstas aseguran que entre todo ello «se encuentran algunas pruebas que parecen confirmar que la venta de una vivienda a Francisco Marqués, por parte de los responsables de la sociedad Hacienda del Hornillo S.L., fue en la práctica una especie de regalo», debido a su precio excepcionalmente reducido: 104.000 euros para un apartamento en un complejo residencial cuyo precio de mercado, según los informes policiales, rondaba los 300.000 euros.

Ésta es una de las razones por las que tanto Marqués como el notario y constructor Sebastián Fernández, y su apoderado, José Cáceres, están imputados en un delito de cohecho, ya que estiman los agentes anticorrupción que la venta de ese piso habría sido en realidad un pago encubierto por el trato de favor que el primero habría dado a los segundos durante su etapa como consejero. En concreto, habría permitido a Hacienda del Hornillo realizar obras en lugares protegidos por la legislación medioambiental.

Francisco Marqués, que continúa imputado por los delitos antes citados, con el pasaporte retirado y con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado, permaneció un par de horas en las dependencias policiales, prestando declaración. Abandonó la Jefatura con el mismo gesto tranquilo y la media sonrisa con la que había llegado.

La segunda estación de su particular viacrucis había sido cubierta. Resta saber cuántas le quedan y qué le espera al final de esa cuesta.